17 de julio de 2017

Capos

En contextos de socialización de sectores limeños de clase media alta y alta es común escuchar la frase "conozco a alguien bien capo" cada vez que se pide una recomendación para algún servicio o información. Estos "capos" recomendados suelen ser personas en los círculos de amistades o conocidos pertenecientes a esta misma clase, por lo que tienen recursos económicos que les permiten acceder a una educación con un costo prohibitivo para clases con menores recursos, como un pregrado en universidades privadas nacionales y un posgrado en universidades internacionales. Esta educación les permite posteriormente acceder puestos de trabajos con prestigio en el sector privado ya sea a entidades multilaterales o corporaciones. Asimismo, también es común que la persona que recomienda a un "capo" a su vez sea un "capo" en otro ámbito profesional y que sea recomendado por quien él mismo recomendó en alguna otra ocasión. Es así como se forma un circuito de recomendaciones que les permiten acceder a los servicios de quienes, en teoría, son los profesionales mejor preparados del país.

¿Cuál es el problema con los "capos" o, mejor dicho, con la lógica de los "capos"? ¿Acaso no cualquiera quisiera contar con los mejores? Por supuesto. No obstante, uno podría criticar que esta lógica reproduce desigualdades debido a que quienes no tiene el capital social para acceder a este circuito de recomendaciones no pueden obtener estos mejores servicios o no pueden ser recomendados. Otra crítica que uno podría hacer es que esto enturbia la narrativa de la meritocracia del sector privado. Sin embargo, estos temas no me interesa tratarlos en este momento. Lo que me interesa ahora es resaltar qué es lo que sucede cuando esta la lógica de los "capos" ingresa al Estado.

En teoría las designaciones y contrataciones del Estado deberían mantener los principios de competitividad y transparencia, en tanto se trata de presupuesto público. Omitiendo al personal de confianza, en donde las autoridades pueden designar a personas en las cuales confíen, el Estado tendría que designar o contratar a los mejores de manera transparente, en base a las competencias relevantes para los puestos en cuestión. En el Estado no debería haber espacio para recomendantes y recomendados. No obstante, como se sabe, esto no es así. Por el contrario, el Estado está repleto de estas prácticas en todos los niveles. Entre estas prácticas está la lógica de los "capos": en altos puestos o en contrataciones por montos considerables, personas de clase media alta y alta designan o contratan a quienes ellos consideran "capos", sin importar si la designación o contratación es poco ética o si el proceso es amañado. Para ellos lo importante es contar con la persona que consideran más "capa".

La justificación de esta práctica en el Estado suele ser un argumento perverso: si no amaño u obvio las faltas éticas que implica esta contratación o designación no podré contar con el mejor (el mejor según las recomendaciones o experiencias previas que he tenido, claro está), por lo tanto mi amañamiento o falta ética está justificada, a diferencia de las faltas en niveles inferiores del Estado, en donde también amañan o comenten faltan éticas, pero lo hacen para contratar a personas ineficientes (ineficientes según la percepción o idea que tengo de ellas, claro está). El punto no es señalar que en los niveles inferiores estas faltas también podrían estar justificadas, por el contrario, las contrataciones o designaciones arregladas también ocurren en el nivel subnacional, y posiblemente sean mucho más notorias porque se trata de un nivel de gobierno que se encuentra en mayor contacto con la población. El punto es señalar cómo es que la posición social de distintos actores que entran al Estado permite establecer distinciones discursivas entre prácticas que realmente son similares.

"¿Pero acaso no quieres que el Estado cuente con las personas con mejor preparación?". Ciertamente no se puede negar que, gracias a su condición socioeconómica, estos "capos" sean posiblemente las personas con el mayor nivel educativo del país. Sin embargo, esto no debería eximirlos de cumplir los mismos requisitos de competitividad y transparencia que ellos le exigen al resto de niveles del Estado. Para ponerlo en una frase: ellos no juegan el juego que dicen jugar. Muy por el contrario, terminan aprovechando su posición de clase dominante para saltarse las reglas mientras, a través del aparato mediático al cual tienen acceso, acusan a otros de ocupar posiciones en el Estado de manera irregular. Esto finalmente reproduce desigualdades sociales dentro de la misma organización del Estado: cuando lo hace el alcalde en alguna municipalidad distrital del interior del país es malo, pero cuando lo hace tu amigo del ministerio con su conocido es porque está contratando al más "capo".

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