27 de octubre de 2017

Ideas desordenadas sobre el Censo 2017

I.

En el periodo previo a la realización del censo, el debate mediático estuvo copado por las ansiedades de liberales y conservadores. Por un lado, existían reclamos respecto a la orden de inmovilidad durante el día del censo, debido a que se había anunciado que la policía podía detener a las personas por no acatarlo. Por otro lado, existían sectores preocupados por el respeto a su afiliación religiosa. Más allá de la coherencia (¿por qué los liberales no expresan la misma preocupación por la libertad de tránsito cuando se declara estado de emergencia en zonas de protestas?) o la razonabilidad (¿por qué un gobierno débil de derecha desearía enfrentarse a la mayoría religiosa del país?) de estas preocupaciones, el hecho de que estos temas ocuparan parte importante del debate mediático demuestra que estos temas coyunturales son utilizados para demostrar identidades políticas. Es decir, en lugar de discutirse sobre cómo la acción estatal será implementada en toda su complejidad, se utilizan aspectos o detalles específicos de su realización para marcar una posición en el escenario político y frente a seguidores y adeptos.

II.

La pregunta de identificación étnica, la cual también ocupó parte importante de la discusión mediática, merece una discusión aparte. Mientras que para algunos la inclusión de esta pregunta era problemática debido a que, argumentaban, una identificación precisa de la etnicidad de los peruanos es imposible, otros afirmaban que una pregunta como esta ayudaría a darle mayor importancia a minorías étnicas en el diseño de políticas públicas. El argumento de esta última posición era que en el proceso de elaboración de esta pregunta habían participado organizaciones representativas de estas minorías, proceso que sustentaba su inclusión. Sin embargo, creo que esta defensa se queda corta. La existencia de un proceso participativo no garantiza que el resultado sea óptimo. Por ejemplo, la falta de una opción predeterminada para personas con ascendencia japonesa o china, comunidades importantes en el país, me parece una omisión notable. Una observación más detallada de esa defensa hubiera preguntado por cuestiones como, por ejemplo, cuáles fueron los criterios de participación y proceso de invitación de las organizaciones, o qué sucedió entre las decisiones tomadas en las reuniones y la formulación final de la pregunta tal cual apareció en la cartilla. Lamentablemente, la discusión no fue en esta dirección.

III.

El mismo día del censo la atención se concentró en un tipo objeto en particular: los stickers que se pegaban en las viviendas censadas. Al observar que los stickers contenían el logo de una universidad con fines de lucro - la Universidad César Vallejo (UCV) - algunas personas buscaron el documento que permitía tal acción. Esta búsqueda no solo dio con el documento del acuerdo entre la entidad ejecutora del censo - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - y la UCV, sino que también se encontraron una multiplicidad de documentos que confirmaban acuerdos con otros privados que también colocaron nombres o logos en distintos objetos además de los stickers, como polos y gorras. La revisión de estos documentos permitió observar que no existía claridad en los términos del acuerdo relacionados a la información que el INEI compartiría con los privados. Mientras algunos confiaban en el imperio de la ley que protege la información personal, otros exigían que una pronta aclaración por parte del INEI. Las preguntas que caben hacerse acá - más allá del anuncio posterior de la misma PCM sobre el respeto de los datos - son: ¿a quién beneficia que la poca precisión en un acuerdo entre el Estado y un privado? Y ¿qué sucede con aquellos que no disponen de la suficiente expertise legal como para conocer que existen normas que protegen sus datos? ¿Solo les queda la incertidumbre?
Por otro lado, dar cuenta de esta red de documentos permite seguir el rastro de decisiones que involucran a otros actores estatales: ¿por qué el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó un presupuesto que llevó al INEI a buscar acuerdos con privados para tener recursos materiales? ¿Por qué no se dio un presupuesto suficiente como para contratar empadronadores experimentados en lugar de solicitar voluntarios? Son estas decisiones técnico-políticas que usualmente tienen poca visibilidad - las cuales también están inscritas en documentos de nivel ministerial - las que terminan por afectar la ejecución de acciones estatales a nivel micro.

IV.

Entender al Estado como una red de actores humanos y no humanos permite seguir el rastro de material de sus acciones. No hacer esto muchas veces impide aprehender situaciones en su complejidad total. El Estado y sus acciones son, como diría Latour, simultáneamente reales, narradas  y colectivas. No obstante, lo que suele suceder en el debate mediático es una concentración en los aspectos discursivos y sociales, mientras que la atención sobre los recursos materiales necesarios para la ejecución de estas acciones queda relegada, con poca visibilidad, solo en las manos de los técnicos.

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