Ideas desordenadas sobre el Censo 2017

I.

En el periodo previo a la realización del censo, el debate mediático estuvo copado por las ansiedades de liberales y conservadores. Por un lado, existían reclamos respecto a la orden de inmovilidad durante el día del censo, debido a que se había anunciado que la policía podía detener a las personas por no acatarlo. Por otro lado, existían sectores preocupados por el respeto a su afiliación religiosa. Más allá de la coherencia (¿por qué los liberales no expresan la misma preocupación por la libertad de tránsito cuando se declara estado de emergencia en zonas de protestas?) o la razonabilidad (¿por qué un gobierno débil de derecha desearía enfrentarse a la mayoría religiosa del país?) de estas preocupaciones, el hecho de que estos temas ocuparan parte importante del debate mediático demuestra que estos temas coyunturales son utilizados para demostrar identidades políticas. Es decir, en lugar de discutirse sobre cómo la acción estatal será implementada en toda su complejidad, se utilizan aspectos o detalles específicos de su realización para marcar una posición en el escenario político y frente a seguidores y adeptos.

II.

La pregunta de identificación étnica, la cual también ocupó parte importante de la discusión mediática, merece una discusión aparte. Mientras que para algunos la inclusión de esta pregunta era problemática debido a que, argumentaban, una identificación precisa de la etnicidad de los peruanos es imposible, otros afirmaban que una pregunta como esta ayudaría a darle mayor importancia a minorías étnicas en el diseño de políticas públicas. El argumento de esta última posición era que en el proceso de elaboración de esta pregunta habían participado organizaciones representativas de estas minorías, proceso que sustentaba su inclusión. Sin embargo, creo que esta defensa se queda corta. La existencia de un proceso participativo no garantiza que el resultado sea óptimo. Por ejemplo, la falta de una opción predeterminada para personas con ascendencia japonesa o china, comunidades importantes en el país, me parece una omisión notable. Una observación más detallada de esa defensa hubiera preguntado por cuestiones como, por ejemplo, cuáles fueron los criterios de participación y proceso de invitación de las organizaciones, o qué sucedió entre las decisiones tomadas en las reuniones y la formulación final de la pregunta tal cual apareció en la cartilla. Lamentablemente, la discusión no fue en esta dirección.

III.

El mismo día del censo la atención se concentró en un tipo objeto en particular: los stickers que se pegaban en las viviendas censadas. Al observar que los stickers contenían el logo de una universidad con fines de lucro - la Universidad César Vallejo (UCV) - algunas personas buscaron el documento que permitía tal acción. Esta búsqueda no solo dio con el documento del acuerdo entre la entidad ejecutora del censo - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - y la UCV, sino que también se encontraron una multiplicidad de documentos que confirmaban acuerdos con otros privados que también colocaron nombres o logos en distintos objetos además de los stickers, como polos y gorras. La revisión de estos documentos permitió observar que no existía claridad en los términos del acuerdo relacionados a la información que el INEI compartiría con los privados. Mientras algunos confiaban en el imperio de la ley que protege la información personal, otros exigían que una pronta aclaración por parte del INEI. Las preguntas que caben hacerse acá - más allá del anuncio posterior de la misma PCM sobre el respeto de los datos - son: ¿a quién beneficia que la poca precisión en un acuerdo entre el Estado y un privado? Y ¿qué sucede con aquellos que no disponen de la suficiente expertise legal como para conocer que existen normas que protegen sus datos? ¿Solo les queda la incertidumbre?

Por otro lado, dar cuenta de esta red de documentos permite seguir el rastro de decisiones que involucran a otros actores estatales: ¿por qué el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó un presupuesto que llevó al INEI a buscar acuerdos con privados para tener recursos materiales? ¿Por qué no se dio un presupuesto suficiente como para contratar empadronadores experimentados en lugar de solicitar voluntarios? Son estas decisiones técnico-políticas que usualmente tienen poca visibilidad - las cuales también están inscritas en documentos de nivel ministerial - las que terminan por afectar la ejecución de acciones estatales a nivel micro.

IV.

Entender al Estado como una red de actores humanos y no humanos permite seguir el rastro de material de sus acciones. No hacer esto muchas veces impide aprehender situaciones en su complejidad total. El Estado y sus acciones son, como diría Latour, simultáneamente reales, narradas  y colectivas. No obstante, lo que suele suceder en el debate mediático es una concentración en los aspectos discursivos y sociales, mientras que la atención sobre los recursos materiales necesarios para la ejecución de estas acciones queda relegada, con poca visibilidad, solo en las manos de los técnicos.

De "mejorar la raza" a "mejorar el voto"

Luego de los primeros resultados de las elecciones, las típicas reacciones despotricando en contra de quienes no votaron como uno empezaron a aparecer. Mi intención no es rasgarme las vestiduras, sino establecer dos comparaciones: 1) entre las reacciones de dos posiciones políticas que se supone que son opuestas, al menos hasta cierto punto, y 2) entre la visión detrás de estas dos reacciones y la visión de los diseñadores de políticas de población del siglo XIX y XX.

Luego de la primera vuelta, algunos de comentaristas neoliberales argumentaron que el voto del sur del país, que optó mayoritariamente por la izquierda, se debía a su posición "antisistema", algo que podía solucionarse si es que eran educados (aunque no queda del todo claro si deberían ser educados sobre economía para que puedan entender el "modelo", o educados para desarrollar habilidades que le servirán para ofertar su fuerza de trabajo para insertarse al mercado laboral y puedan desarrollar una afinidad orgánica con el "modelo". Probablemente lo segundo sea más efectivo, después de todo, ¿para qué explicarte el "modelo" si puedes vivirlo?). Ahora, luego de la segunda vuelta, observo una conducta similar, pero ya no por parte de comentaristas neoliberales, sino de algunos progresistas, que argumentan que el voto del norte del país, un voto por "la mano dura", también podía corregirse si es que son educados (aquí mayoritariamente se refieren a contenidos, específicamente sobre historia nacional).

En un pasaje del libro "Formaciones de indianidad", Marisol de la Cadena, explica como la educación fue considerada como un proyecto biopolítico de construcción de nación. Desde esta visión, la educación era un medio para "mejorar" a la población indígena, a quienes no se les consideraba individuos en las mismas condiciones que los blancos o mestizos. Solo una vez educados y que, en consecuencia, se "volvieran" ciudadanos, podían integrarse al proyecto modernizador que tenían las élites.

Creo que ambas visiones (la pasada de los diseñadores de políticas de población de los siglos XIX-XX y la actual de neoliberales y progresistas) parten de una idea similar de la educación. Un sujeto, en tanto tenga alguna capacidad de razonar, puede ser "mejorado" a través de la educación, ya sea para que finalmente "sean parte de la nación" o para que puedan votar "adecuadamente" (pero ¿acaso la segunda no es la actualización políticamente correcta de la primera?). Lo más preocupante de esta visión es lo que sucede cuando el sujeto, luego de pasar por la educación, se rehúsa a integrarse en los proyectos modernizadores: ¿cómo es posible que, a pesar de ser educado, no se integre al proyecto? ¿No tiene capacidad de razonar?

En este último punto observo bastantes similitudes con el razonamiento detrás de la producción y difusión de explainers (algo que he tratado antes). Resumiendo: si alguien que está informado de algo problemático pero no lo comprende por lo que incurre en esa acción es calificado como bruto. Sin embargo, si alguien está informado de algo problemático, lo comprende y aún así incurre en esa acción, es perverso. Aquí la paradoja del neoliberal y progresista se vuelve evidente: ¿cómo incluir al resto en su proyecto de país si es que a pesar de sus esfuerzos por educar/informar (a los no educados/desinformados) aún se encuentran rodeados de sujetos que califican como brutos o perversos?

Ciudadanos, pobladores, clientes, usuarios

De acuerdo a Chatterjee (2007), lo que distingue a las categorías de población y ciudadanía es la carga ética y normativa de la segunda. Un ciudadano debe participar de las decisiones de gobierno por medio de canales formales e institucionales, para lo cual, se asume, debe estar informado y educado. Es el sujeto ideal de una democracia liberal, quien forma parte de la sociedad civil. Por otro lado, la población no es categoría ética, sino una categoría de gobierno. La población es sobre la cual se aplican políticas públicas, no quienes participan del gobierno formal e institucionalmente.

Si es que uno se quedara en este primer nivel de distinción probablemente tenga la impresión de la existencia de dos grupos: individuos activos, los ciudadanos, y otros pasivos, los pobladores. Sin embargo, hay que hacer dos observaciones. Primero, los pobladores (los “no ciudadanos”) participan de acciones de gobierno mediante mecanismos que, desde una perspectiva normativa, son calificados como informales, por fuera de canales institucionales tradicionales (Chatterjee coloca de ejemplo negociaciones individuales para la expropiación de terrenos en lugar de aplicar un procedimiento de tasación a precios de mercado). La diferencia no es que unos sean activos y los otros no, sino que son activos mediante mecanismos distintos.

Segundo, y más importante, realmente todos somos pobladores, o para ser más precisos, todos somos población. El hecho de que la categoría de población se refiera al conjunto de sujetos dentro de un territorio sobre los cuales el Estado efectivamente aplica determinadas acciones la convierte en una categoría actual, una categoría que “es” y que “se hace”. En cambio, la categoría de ciudadanía es virtual, está “por ser” constantemente. Siempre debe estar reclamándose y otorgándose en el plano discursivo. Que un sujeto pueda entrar en la categoría de ciudadanía depende de su posición social, así como de los recursos simbólicos y materiales de los que dispone (para poner dos ejemplos fáciles: en el caso de conservadores, ¿quiénes logran ser considerados “ciudadanos ilustres”? Y en el caso de los progresistas, ¿quiénes logran ser considerados “miembros de la sociedad civil”?). Una vez que uno “está siendo” ciudadano puede acceder a determinados beneficios.

No obstante, existen dos discursos que se quedan en el primer nivel de distinción que vimos al principio. Primero está el discurso conservador utilizado por medios de derecha. En este discurso la distinción entre población y ciudadanos es una estrategia implícita: se utiliza la categoría poblador para referirse a sectores que deben someterse a un orden, ya sea porque son objeto de una acción de gobierno (p.e. “pobladores reciben beneficio de programa social”) o porque se rehúsan a serlo (p.e. “pobladores rechazan proyectos extractivos”). Por otro lado, se reserva la categoría ciudadano para sectores que se suponen involucrados en decisiones de gobierno o que al menos deberían estarlo (p.e. “ciudadanía hará sentir su voz en las urnas”).

En segundo lugar, está el discurso progresista que responde al discurso conservador. Aquí la estrategia es explícita. Este discurso reclama que los pobladores también son (y/o sean tratados como) ciudadanos; no obstante, al hacer este reclamo aceptan la diferenciación entre ciudadanía y población planteada por el discurso conservador (p.e. “no son pobladores, son ciudadanos, también tienen derechos”). Lo problemático de este discurso es que acepta las definiciones de las categorías tal y como son planteadas por el discurso conservador al que se oponen: los pobladores son pasivos/reactivos, mientras que los ciudadanos son los sujetos que se encuentran en una categoría ética superior. Esto tiene como consecuencia el mantenimiento de la división entre sectores que supuestamente se oponen a los conservadores dominantes (clases populares y élites progresistas), lo cual finalmente posibilita que se mantenga el orden actual.

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In a world of automation companies will increasingly talk of 'user experience' over 'customer experience', because it assumes 'self-service'

— Brett Scott (@Suitpossum) January 14, 2016

El neoliberalismo ha cambiado la lógica de cómo es que alguien es incluido en el sistema imperante. Si anteriormente uno era incluido a través de la aplicación de acciones del Estado (lógica de la categoría de población) o a través de la participación en decisiones de gobierno (lógica de la categoría de ciudadanía), en la actualidad, en el contexto del (auto)debilitamiento del Estado, uno es incluido en el sistema a través del consumo, es decir, a partir de la relación cliente-empresa en lugar de la relación poblador/ciudadano-Estado.

Con esto no digo nada nuevo, pero quisiera llamar la atención sobre algo que está ocurriendo. La automatización de los procesos ha resultado en la transferencia de carga de trabajo en el cliente, a quien progresivamente se hace referencia como usuario. La categoría de usuario tiene una carga semántica distinta a la de cliente: un cliente es atendido, un usuario, valga la redundancia, simplemente usa. En una relación de cliente-empresa uno, en tanto cliente, puede esperar la atención por parte de personal de la empresa. En cambio, si uno es considerado usuario, la relación se vuelve más impersonal y no se da tanto con integrantes de la empresa, sino con sistemas operativos a través de interfaces.

Si bien no de la misma manera, observo una tendencia similar en la relación poblador/ciudadano-Estado. Procesos como el empadronamiento por demanda del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) trasladan carga de trabajo al poblador/ciudadano, ahora llamado usuario, en este caso de programas sociales. (Resumiendo y simplificando el proceso: en caso un poblador/ciudadano requiera ser clasificado o reclasificado socioeconómicamente para acceder a los beneficios de un programa social, es él mismo quien debe acercarse a la municipalidad para ser clasificado o reclasificado, en algunas ocasiones llegando a tener que movilizarse hasta la capital para ser clasificado o reclasificado de manera tal que puedan acceder a un programa social).

Si bien es cierto que hay contextos en los que trasladar carga de trabajo al poblador/ciudadano es comprensible teniendo en cuenta la capacidad estatal y los recursos de los individuos, por otro lado, cabe detenerse a considerar hasta qué punto el traslado de carga de trabajo del Estado a individuos es conveniente para precisamente cumplir funciones estatales (p.e. no es lo mismo trasladar carga de trabajo de un sistema de registro de tributación electrónica a usuarios de grandes ciudades que trasladar carga de trabajo de un sistema de clasificación socioeconómica a usuarios rurales en situación de pobreza). Después de todo, ¿quién no quiere ser parte de una población bien administrada?