Del "que se vayan" al "nos vamos"

Durante la campaña presidencial del 2016, Julio Cotler comentó que en el Perú no existen movimientos, sino protestas. Traigo a colación este comentario debido a la propuesta de adelanto de elecciones del presidente Vizcarra. Si desde hace un par de años el reclamo general del público es "que se vayan todos", ¿cómo es que llegamos a un punto en donde un presidente dice "nos vamos todos"?

Para responder esta pregunta creo que es importante tomar en cuenta la posición desde la que Vizcarra enuncia este mensaje. Más que jugar a desentrañar una supuesta estrategia de Vizcarra en base a trascendidos - algo que últimamente parece haberse convertido en un deporte nacional -, me interesa cómo opera lo que enuncia Vizcarra ante el público, en un contexto de precariedad política y social.

Al tratarse de un presidente cuya única fuente de legitimidad es su popularidad, sin bancada ni partido, pedirle que gobierne "respetando las formas" - p.e. completar los cinco años de gobierno - es fútil y, más bien, integrarse a la ola de ira - no tanto montarse sobre - hacia los corruptos como un miembro más del público es casi un reflejo por sobrevivir políticamente. Vizcarra parece haberse apropiado de la narrativa de ser solo alguien más que "se topó" con la presidencia y, al tener tal poder, asume la responsabilidad de no solo transmitir sino de ejecutar directamente el deseo del público. Figurativamente hablando, podría decirse que Vizcarra es el tipo gritando "que se vayan todos" en la calle en la posición de decidir "nos vamos todos".

No obstante, ¿por qué fue el presidente quien tuvo que pedir que se fueran todos, él incluido? ¿Por qué no fue un movimiento el cual forzara la salida de todos? Por un lado, el sujeto neoliberal, preocupado en sobrevivir día a día la precariedad social del país, no parece poder expresar su malestar más allá de las demostraciones de ira y rechazo observables en medios. En este sentido, pareciera que el Perú vive una crisis política para la cual paradójicamente nadie tiene tiempo. Por otro lado, las protestas en el país suelen ser específicas y/o localizadas, y al ceder su particularismo para abarcar cuestiones más generalizadas su potencial disruptivo se difumina. El gran movimiento articulador de todas las protestas, que algunos sectores de izquierda esperan y que lograría que "todos se vayan", nunca iba a llegar.

Poniéndolo en perspectiva, posiblemente la salida propuesta por Vizcarra sea la medida que mantenga el orden del país, probablemente su mayor interés como un presidente de derecha popular. Acciones como el endurecimiento de las medidas migratorias y la militarización de conflictos extractivos nos hablan de alguien que quiere "dejar la casa ordenada" en lugar de un gran reformista, como algunos lo quieren ver, algo que además se contradice con su propia intención de realizar elecciones adelantadas sin algunas de las reformas políticas propuestas. Lo peor que le puede pasar al orden actual - y que puede acentuar más la incertidumbre que tanto dice temer el empresariado - es continuar dos años más con instituciones como el congreso actual, el cual genera una sensación de impunidad generalizada y que podría hacer que el público opte por alguna de las opciones llamadas "radicales" en el 2021. Llegar a un cambio de mando a entregarle el poder a alguien que continúe el modelo posiblemente sea el mayor logro al cual aspira un presidente en la posición de Vizcarra.

Entre la ira y el castigo

Los últimos meses de la coyuntura política nacional han estado marcados por algo que los medios llaman "crispación política", algo que probablemente puede ser definido vagamente como un estado de alto antagonismo entre distintos actores políticos. Un lugar común que los medios repiten con frecuencia es que el "ciudadano de a pie" se encuentra cansado de este permanente antagonismo. En este texto quisiera ofrecer una lectura alternativa. Este estado de confrontación permanente con un enemigo cumple una función: canalizar la ira retenida de la ciudadanía hacia individuos o entidades que pueden ser nombradas e identificadas.

En una conferencia a fines del año pasado, el sociólogo inglés Will Davies sugirió que en la actualidad podemos distinguir dos tipos de iras en el plano sociopolítico. Por un lado, la ira lenta hace referencia a la ira que se acumula continuamente durante grandes periodos de tiempo, generalmente debido a una sensación de pérdida - de, por ejemplo, estatus social -, y genera un anhelo por reparar un orden o recuperar valores perdidos. Por otro lado, la ira rápida se trataría de la ira que se siente y expresa en el momento a partir de impresiones de lo que sucede en tiempo real, y se puede encontrar comúnmente en interacciones en social media. Este segundo tipo de ira tiene un efecto catártico para quienes están sobrecargados con el primer tipo, ya que les proporciona una sensación de satisfacción indirecta al poder descargar el descontento retenido.

La iniciativa anticorrupción emprendida por el gobierno de Vizcarra a partir de mediados del 2018 en cierta medida ejerce esta función de canalizar la ira. Para comprender exactamente cómo lo hace es importante tener en cuenta un par de factores. En primer lugar, un contexto de alta informalidad y precariedad - sumado al actual momento de estancamiento económico - produce sujetos cuya principal preocupación es sobrevivir día a día. El relato heroico del emprendedor en verdad es una penuria: se trata de trabajar para llegar al día siguiente. Este estado de ansiedad continuo produce un malestar acumulado que, al no existir vías adecuadas de reclamo ciudadano, no tiene forma de ser atendido ni, menos, solucionado.

En segundo lugar, los sujetos que sobreviven en este contexto precario saben que su forma de vida no es la única posible. Por el contrario, ellos saben que existe otro grupo de personas que no pasan por estas mismas penurias: los poderosos. Los poderosos son un grupo difuso de personas que, gracias a prácticas corruptas, evaden el tortuoso día a día por el que los sujetos comunes deben pasar para sobrevivir. Los poderosos han logrado "sacarle la vuelta" al sistema y disfrutan impunemente. El unánime rechazo a la corrupción no debería ser tomado como el nacimiento de un nuevo individuo institucionalista, sino como una abrumadora cantidad de sujetos hartos de que unos pocos se aprovechen del resto. Los idealistas que anhelan hacer del Perú una "verdadera" república palidecen ante una enorme proporción de sujetos molestos con quienes ostentan poder, aunque por el momento se encuentren del mismo lado. Por el momento.

Ni emprendedores ni republicanos, sino trabajadores precarios molestos. ¿Qué se les puede ofrecer? La cruzada anticorrupción de Vizcarra les brindó precisamente lo que podía apaciguar su ira acumulada: poderosos específicos a los cuales castigar. No obstante, el apaciguamiento de la ira no proviene del trámite burocrático de procesar y condenar a estos poderosos. El efecto catártico proviene del espectáculo del castigo, de ver y comentar como es que uno de estos poderosos es castigado. El nuevo ecosistema mediático permite que uno ya no solo vea la nota de dos minutos en el resumen de noticias nocturno, sino que siga en tiempo real todo el proceso. En cierto modo posibilita que el sujeto común se sienta involucrado en el acto del castigo en lugar de ser solamente un espectador. Es en esta participación en que el sujeto puede descargar su ira acumulada - la ira lenta - y a través de acciones de violencia simbólica, desde insultos hasta memes - la ira rápida.

Un elemento importante en la canalización de la ira son las figuras sentenciosas que actualmente abundan en los medios. Davies llama figuras sentenciosas a aquellas personalidades de relativa fama que dan opiniones sobre distintos temas en forma de sentencias, sentando su posición desde el inicio y, a partir de ahí, emitiendo condenas sobre los involucrados. Estas figuras no buscan reportar o informar sino construir un vínculo con su público a partir de aquello que les genera indignación en el momento. Esto es justamente el motivo por el cual el público busca estas figuras y las consume: no porque espera una visión balanceada sobre un tema, sino porque espera que tomen una posición y den su hot take sobre el tema del momento. La crispación política cumple su función de canalizar la ira precisamente gracias al espectáculo mediático que genera: sin la confrontación no habría personajes poderosos y corruptos a los cuales juzgar y castigar.

De acuerdo con esta perspectiva, el gobierno de Vizcarra necesita tener un grupo permanente e identificable de corruptos poderosos a los cuales señalar y enfrentar. La atenuación o el término de la confrontación tendría como consecuencia el fin de la catarsis de los sujetos. La acumulación de la ira sin catarsis le abre la posibilidad a otros sectores políticos de ganar adeptos para su propia lucha contra lo que ellos perciben como corrupción - p.e. en el caso de posiciones ultraderechistas, la corrupción político-económica está inextricablemente ligada a una corrupción moral, de decadencia de valores conservadores, por lo que su lucha contra la "corrupción" implica una lucha contra corrientes progresistas - o que el mismo Vizcarra, al ser una figura que concentra tanto poder, empiece a ser visto como otro de los tantos poderosos corruptos y termine siendo agrupado con el resto de expresidentes. Hasta ahora, el gobierno parece haberse dado cuenta de esto y protege a figuras claves como los fiscales de los casos de corrupción, sin los cuales el espectáculo del castigo no sería posible. Sin embargo, cabe hacerse un par de preguntas: ¿hasta cuándo podrá alargarse esta confrontación con la misma intensidad? Y ¿quién aprovechará esta ira cuando Vizcarra ya no pueda canalizarla o esté de salida? Recordemos que, por el momento, quienes impulsan un proyecto político institucionalista y republicano se han topado en el mismo lado con la gran mayoría molesta y precarizada. No obstante, esto no siempre va a ser así.

En búsqueda de la alternancia sin alternativa subnacional

Algo que me ha llamado la atención de la actual campaña electoral de Lima es una pregunta recurrente que se le plantea a los candidatos que proponen reformas importantes: ¿cómo nos aseguramos que sus reformas continúen después de que acabe su periodo? Como es conocido, hace algunos años se determinó que ni los alcaldes ni gobernadores regionales pueden postular a la reelección, de manera similar al cargo de presidente. 

Aquí conviene detenerse a pensar lo siguiente: ¿cómo es que el gobierno nacional logró instaurar cambios que perduraron en el tiempo? El último importante conjunto de reformas llevadas a cabo en Perú, las reformas neoliberales de Fujimori, pudieron asentar sus lineamientos gracias a la instalación de una capa tecnocrática la cual tuvo suficiente tiempo y respaldo político para instalar las bases del actual modelo económico. Esto lógicamente responde al interés de aquel régimen por tener un sector económico eficiente, a diferencia de otros sectores de corte más social - como salud o trabajo - los cuales hasta ahora son de los más precarios. Es así como el orden económico ha sido el hilo de continuidad que ha unido los gobiernos que siguieron, a pesar de las diferencias políticas que hayan podido existir entre ellos y de la precariedad institucional imperante en el país. 

En contraste, la última autoridad reelegida de Lima - y que en total ha gobernado la ciudad durante 12 años -, Luis Castañeda, no ha impulsado ninguna reforma, ni ha colocado un cuerpo subnacional de técnicos capaz de llevar a cabo alguna reforma relevante. Por el contrario, su gestión se ha centrado en ejecutar acciones desarticuladas, por decir lo menos. En tanto que de ahora en adelante ningún alcalde va a poder ocupar el cargo por más de un periodo, creo que la oportunidad de implementar reformas significativas en el gobierno de Lima de manera continua se ha perdido. 

Finalmente, una pregunta que cabe hacerse es ¿quiénes promueven la instalación de una capa de técnicos en el gobierno de Lima? ¿Quiénes desean esta "alternancia sin alternativa" subnacional? La impresión que tengo es que estos pedidos provienen de sectores educados de tendencia progresista. Aquí existe una distancia entre la búsqueda del desarrollo planificado de una ciudad y la resolución de los problemas cotidianos que la mayoría de la población percibe como urgentes - como la delincuencia. Claramente la existencia de esta brecha no es solamente responsabilidad de estos sectores, quienes no pueden generar un discurso que cale lo suficiente como para unir ambas necesidades, sino también de una infraestructura mediática que se encarga de estimular las inseguridades más básicas.

Una anécdota sobre boletos y choferes

Poco después de las 8 p.m. tomé un bus del servicio 209 en el paradero de Las Flores del Corredor Rojo en dirección oeste-este. Era la última persona en subir al bus en ese paradero. Al momento de subir y pagar el pasaje el chofer-cobrador me advirtió que se le habían acabado los boletos y que debía ser autorizado para entregarme uno. En ese momento no comprendí bien lo que me decía debido a que noté que en su mano tenía boletos pero ya que realmente no me interesaba recibir un boleto, no le di mayor importancia. Sin embargo, al empezar a avanzar por el pasillo del bus el mismo chofer me indicó - alzando la voz - que no me alejara tanto de él ya que de todas manera tenía que entregarme un boleto. Decidí hacer caso de su indicación y me quedé cerca del asiento del conductor.

Al llegar al siguiente paradero, el conductor abrió la puerta delantera (la de subida) para que una señora mayor que estaba sentada en un asiento preferencial (cercanos a la parte delantera) pudiera bajar. No obstante, luego, cuando las personas que esperaban en el paradero intentaron subir, el chofer les indicó que no podía hacerlos subir debido a que no contaba con boletos. A pesar del desconcierto de las personas, el chofer cerró la puerta del bus y siguió la ruta. Asimismo, el conductor pasó de largo en los siguientes paraderos: cuando las personas le extendían el brazo llamándolo el chofer seguía de largo, haciendo un gesto de "no" con la mano.

El conductor no se detuvo hasta el paradero de Jorge Basadre. A diferencia de los anteriores paraderos en este habían inspectores municipales. Al llegar al paradero en lugar hacer subir a las personas que esperaban en la cola conductor llamó con un gesto a uno de los inspectores, indicándole que se acercara al lado de su ventana. Al conversar con el inspector, el chofer le indicó lo mismo que a mí: ya no tenía boletos, y debido a esto necesitaba contactar a la central. El conductor y el inspector parecen tratar de llamar a un número con el celular del inspector pero sin mayor éxito. Luego de esto, el inspector se alejó para fotografiar la parte delantera del bus con el mismo celular y - al parecer - a enviar la foto mediante algún servicio de mensajería instantánea. El conductor volvió a tratar de conversar con el inspector pero este solo le hizo una señal para que moviera. El bus avanzó sin recoger a ninguno de los pasajeros que estaban en la cola del paradero - quienes estaban visiblemente disgustados.

El conductor siguió avanzando hasta el paradero de Masías - previamente trató de detenerse en el paradero de Petit Thouars pero los inspectores del paradero le hicieron una señal para que avanzara -, en el cual también habían inspectores municipales. De la misma manera a la parada anterior, el conductor no abre la puerta y llama a uno de los inspectores y le comunica que no tiene boletos, pero además le indica que ha estado tratando de comunicarse con un número telefónico y que este no le responde, y que deberían llamarlo a su celular. El inspector le pregunta el número, el cual el conductor le proporciona. Al momento el conductor recibe una llamada. Lo primero que le dice a su interlocutor es que ha intentado llamar a todos los números que tiene anotados pero no le han contestado. Asímismo le cuenta lo mismo que ya ha informado en todas las oportunidades anteriores: se le han acabado los boletos. No obstante, ahora añade una información adicional: tiene boletos de medio pasaje - los que vi al momento de subir al bus - y quiere vender esos. El interlocutor le pregunta por un número de padrón y el conductor revisa un papel con apuntes que tiene al lado del dinero que cobra. En este momento, los pasajeros del bus - quienes ya llevan varios minutos detenidos si contamos ambas paradas que ha hecho el chofer - protestan y le piden al conductor que avance. En medio de las protestas, el conductor responde el número de padrón que le solicitan y le plantea a su interlocutor que en este paradero suban solo quienes "ya están boleteados" - aquellos que compran su boleto mientras esperan en la cola - y que más adelante pueda vender los boletos de medio pasaje que tiene. Mientras escucha la respuesta de su interlocutor, los pasajeros del bus siguen protestando - el reclamo general parece ser "para qué para si no tiene boletos". Después de escuchar la respuesta, el conductor le agradece a su interlocutor y le pide disculpas. Luego de esto recién abre la puerta a quienes esperaban en la cola y les vende los boletos de medio pasaje como si fueran boletos regulares. 

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¿Por qué escribí esto? Esta no es una historia que pretende dejar una reflexión sobre la formalidad/informalidad del transporte público o sobre la civilidad/incivilidad de los usuarios. En tanto es solo una experiencia anecdótica no creo que contenga una explicación sobre problemas complejos. No obstante, creo que sirve como ejemplo para ilustrar sobre la importancia de objetos que pasan desapercibidos y la adopción de prácticas no formales en la provisión de servicios públicos.

A diferencia de los micros y combis, los buses de los corredores están obligados a entregar boletos debido a la información inscrita en estos y el uso que se le da a esta. Si bien supuestamente los boletos que entregan los micros y combis también contienen un número de serie, la discrecionalidad con la que estos se entregan demuestra que esta información no es importante para sus operaciones, las cuales son vistas más como un negocio que como un servicio propiamente dicho. En contraste, los boletos de los corredores - los cuales contienen un número de serie y la fecha de entrega - son vitales en tanto se trata de un servicio público -  en este caso, proporcionado por un concesionario - el cual debe llevar y rendir cuentas. Si bien los boletos le permiten al servicio rastrear sus operaciones a través del tiempo y espacio, también es cierto que restringe la flexbilidad con la que los trabajadores pueden operar.

Esto nos lleva al siguiente punto que quería tocar: la adopción de prácticas no formales de los trabajadores públicos. En un contexto diferente probablemente el chofer sí hubiera podido dejar de hacer subir pasajeros hasta el fin de su ruta una vez que se le terminaron los boletos regulares. No obstante, en ese momento - un día de semana, en un horario en el que muchas personas suelen salir de trabajar - la demanda del servicio lo hizo buscar una solución a la falta de boletos. Si bien es cierto que posiblemente un set de reglas establecidas ayude a mejorar la eficiencia de un servicio, también es cierto que en el mismo trato con la población los trabajadores públicos se encuentren con situaciones imprevistas frecuentemente. Es precisamente en estas situaciones en las que las prácticas y canales de comunicación no formales son vitales para buscar salidas. Contactar a un superior para solicitar la aprobación de una solución improvisada a través de una llamada o un servicio de mensajería instantánea puede ser la diferencia entre proveer o dejar de proveer un servicio vital para la población. Muchas veces lo peor que puede pasar con un servicio público no es que se brinde de manera deficiente, sino dejar de brindarlo del todo.

En medio de tantas promesas de innovación en el Estado y servicios públicos - las cuales  frecuentemente son irrealizables o tienen alcances muy limitados - es fácil olvidar que posiblemente el primer paso para mejorar los servicios públicos existentes debería ser observar mediante qué prácticas estos logran funcionar en contextos adversos y precarios, en lugar de simplemente señalar su ineficiencia y/o informalidad y descartarlas desde el comienzo.

Un cuarto de siglo

Hace algunos años Julio Cotler publicó un artículo acerca de la precariedad social e institucional del país. Hacia el final del texto, Cotler utiliza una frase: "Y sin embargo, se mueve". Esta es especialmente relevante en la coyuntura actual. ¿Cómo es que la idea de que "se vayan todos" es popular en gran parte de la población pero no se organiza nada con la suficiente fuerza cómo para que todos efectivamente se vayan?

Según se nos ha dicho, la dimensión macroeconómica del país funciona, mal que bien, gracias al "piloto automático": debido a que el modelo es prácticamente intangible, el Perú puede sobrevivir económicamente a pesar de su precariedad institucional. Si tomamos esta idea como cierta, creo que llevarla un poco más lejos podría explicar nuestra situación. El "piloto automático" no solo operaría en un nivel macro, sino también en un nivel micro: un cuarto de siglo neoliberal ha generado sujetos que funcionan en "piloto automático" para sobrevivir económicamente la precariedad social. Esto no es logrado (únicamente) mediante el discurso de una ideología hegemónica, sino a través de las prácticas cotidianas que estos sujetos se ven en necesidad de emprender.

Claramente quienes esperan el surgimiento de un espíritu republicano de esta clase de sujetos pueden esperar sentados. Su rechazo a la corrupción no debería ser confundido con impulsos institucionalistas, sino que debería ser tratado como reacciones de enojo y hartazgo de la precariedad en la que viven y cuya causa le atribuyen a cúpulas corruptas, en donde colocan tanto a políticos, empresarios y medios. Aprobar el encarcelamiento de personas percibidas como poderosas es una forma de juzgar a quienes ellos perciben como fuera de su alcance de hacer justicia. Es sintomático que, mientras sectores de la élite piden la liberación de políticos en defensa de un proceso legal correcto, a gran parte de la población le parece que una mayor cantidad de políticos deberían ser encarcelados ya. Los primeros solicitan la aplicación de normas para todos, los segundos desean la aplicación de un castigo para todos.

El sujeto neoliberal es socializado principalmente como un agente económico y probablemente aprende a ser cliente antes que ciudadano, con todas las consecuencias que esto puede acarrear. ¿Cómo movilizar a estos individuos? Probablemente la manera más efectiva es demostrar cómo determinadas acciones concretas tomadas por actores específicos no afectan solamente la sociedad en general, sino también su cotidianidad personal. No obstante, aquí existen dos problemas. Primero, quien tiene suficientes recursos materiales no ve la necesidad de movilizarse debido a que sus recursos le permiten sortear la precariedad de alguna u otra manera. Segundo, cuando los que no tienen recursos se movilizan son calificados como manipulados y revoltosos por las élites y por quienes viven en condiciones relativamente mejores. O, peor aún, sus protestas se normalizan y se convierten en un suceso más de la rutina de noticias diarias.

Nunca pierden

Esto es una breve continuación del post “Capos”.

¿Qué sucede cuando un capo falla en el Estado? Creo que suelen haber dos tipos de reacciones. La primera es el blindaje. A pesar de realizar acciones irrelevantes o, de plano, malas, el capital social con el que cuentan los capos les permite presentar su labor como un legado positivo (posiblemente como una “buena práctica”, en la jerga de la gestión pública neoliberal). En este punto no importa tanto que todos o siquiera que la mayoría del público enterado sobre su labor crean esto, sino que entidades o actores claves lo crean (o al menos aparenten hacerlo, debido a que se tratan de agentes con los cuales son ideológicamente afines o que favorecen sus intereses), algo que les permitirá recalar en su siguiente puesto, continuando con su calidad de capos (y posiblemente regresando a trabajar con o para el Estado más adelante).

El segundo tipo de reacción es la delegación de la culpa. Si es que se reconoce que las acciones desarrolladas no fueron exitosas, la culpa no es propia, sino del Estado. Los capos eran demasiado buenos para el Estado y sus burócratas. El Estado no habla el mismo idioma que el capo, y tampoco sigue el ritmo que el capo desea. Bajo esta lógica, no es el capo el cual se tiene que acomodar al Estado, sino al revés. Esta reacción le permite al capo desmarcarse de la culpa basándose en los clásicos prejuicios sobre la ineficiencia estatal, al mismo tiempo que los actualiza.

¿Qué es necesario para que un capo conozca la derrota, al menos temporalmente? Más que un desastre, posiblemente un escándalo.

Ideas desordenadas sobre el Censo 2017

I.

En el periodo previo a la realización del censo, el debate mediático estuvo copado por las ansiedades de liberales y conservadores. Por un lado, existían reclamos respecto a la orden de inmovilidad durante el día del censo, debido a que se había anunciado que la policía podía detener a las personas por no acatarlo. Por otro lado, existían sectores preocupados por el respeto a su afiliación religiosa. Más allá de la coherencia (¿por qué los liberales no expresan la misma preocupación por la libertad de tránsito cuando se declara estado de emergencia en zonas de protestas?) o la razonabilidad (¿por qué un gobierno débil de derecha desearía enfrentarse a la mayoría religiosa del país?) de estas preocupaciones, el hecho de que estos temas ocuparan parte importante del debate mediático demuestra que estos temas coyunturales son utilizados para demostrar identidades políticas. Es decir, en lugar de discutirse sobre cómo la acción estatal será implementada en toda su complejidad, se utilizan aspectos o detalles específicos de su realización para marcar una posición en el escenario político y frente a seguidores y adeptos.

II.

La pregunta de identificación étnica, la cual también ocupó parte importante de la discusión mediática, merece una discusión aparte. Mientras que para algunos la inclusión de esta pregunta era problemática debido a que, argumentaban, una identificación precisa de la etnicidad de los peruanos es imposible, otros afirmaban que una pregunta como esta ayudaría a darle mayor importancia a minorías étnicas en el diseño de políticas públicas. El argumento de esta última posición era que en el proceso de elaboración de esta pregunta habían participado organizaciones representativas de estas minorías, proceso que sustentaba su inclusión. Sin embargo, creo que esta defensa se queda corta. La existencia de un proceso participativo no garantiza que el resultado sea óptimo. Por ejemplo, la falta de una opción predeterminada para personas con ascendencia japonesa o china, comunidades importantes en el país, me parece una omisión notable. Una observación más detallada de esa defensa hubiera preguntado por cuestiones como, por ejemplo, cuáles fueron los criterios de participación y proceso de invitación de las organizaciones, o qué sucedió entre las decisiones tomadas en las reuniones y la formulación final de la pregunta tal cual apareció en la cartilla. Lamentablemente, la discusión no fue en esta dirección.

III.

El mismo día del censo la atención se concentró en un tipo objeto en particular: los stickers que se pegaban en las viviendas censadas. Al observar que los stickers contenían el logo de una universidad con fines de lucro - la Universidad César Vallejo (UCV) - algunas personas buscaron el documento que permitía tal acción. Esta búsqueda no solo dio con el documento del acuerdo entre la entidad ejecutora del censo - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - y la UCV, sino que también se encontraron una multiplicidad de documentos que confirmaban acuerdos con otros privados que también colocaron nombres o logos en distintos objetos además de los stickers, como polos y gorras. La revisión de estos documentos permitió observar que no existía claridad en los términos del acuerdo relacionados a la información que el INEI compartiría con los privados. Mientras algunos confiaban en el imperio de la ley que protege la información personal, otros exigían que una pronta aclaración por parte del INEI. Las preguntas que caben hacerse acá - más allá del anuncio posterior de la misma PCM sobre el respeto de los datos - son: ¿a quién beneficia que la poca precisión en un acuerdo entre el Estado y un privado? Y ¿qué sucede con aquellos que no disponen de la suficiente expertise legal como para conocer que existen normas que protegen sus datos? ¿Solo les queda la incertidumbre?

Por otro lado, dar cuenta de esta red de documentos permite seguir el rastro de decisiones que involucran a otros actores estatales: ¿por qué el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó un presupuesto que llevó al INEI a buscar acuerdos con privados para tener recursos materiales? ¿Por qué no se dio un presupuesto suficiente como para contratar empadronadores experimentados en lugar de solicitar voluntarios? Son estas decisiones técnico-políticas que usualmente tienen poca visibilidad - las cuales también están inscritas en documentos de nivel ministerial - las que terminan por afectar la ejecución de acciones estatales a nivel micro.

IV.

Entender al Estado como una red de actores humanos y no humanos permite seguir el rastro de material de sus acciones. No hacer esto muchas veces impide aprehender situaciones en su complejidad total. El Estado y sus acciones son, como diría Latour, simultáneamente reales, narradas  y colectivas. No obstante, lo que suele suceder en el debate mediático es una concentración en los aspectos discursivos y sociales, mientras que la atención sobre los recursos materiales necesarios para la ejecución de estas acciones queda relegada, con poca visibilidad, solo en las manos de los técnicos.