Una anécdota sobre boletos y choferes

Poco después de las 8 p.m. tomé un bus del servicio 209 en el paradero de Las Flores del Corredor Rojo en dirección oeste-este. Era la última persona en subir al bus en ese paradero. Al momento de subir y pagar el pasaje el chofer-cobrador me advirtió que se le habían acabado los boletos y que debía ser autorizado para entregarme uno. En ese momento no comprendí bien lo que me decía debido a que noté que en su mano tenía boletos pero ya que realmente no me interesaba recibir un boleto, no le di mayor importancia. Sin embargo, al empezar a avanzar por el pasillo del bus el mismo chofer me indicó - alzando la voz - que no me alejara tanto de él ya que de todas manera tenía que entregarme un boleto. Decidí hacer caso de su indicación y me quedé cerca del asiento del conductor.

Al llegar al siguiente paradero, el conductor abrió la puerta delantera (la de subida) para que una señora mayor que estaba sentada en un asiento preferencial (cercanos a la parte delantera) pudiera bajar. No obstante, luego, cuando las personas que esperaban en el paradero intentaron subir, el chofer les indicó que no podía hacerlos subir debido a que no contaba con boletos. A pesar del desconcierto de las personas, el chofer cerró la puerta del bus y siguió la ruta. Asimismo, el conductor pasó de largo en los siguientes paraderos: cuando las personas le extendían el brazo llamándolo el chofer seguía de largo, haciendo un gesto de "no" con la mano.

El conductor no se detuvo hasta el paradero de Jorge Basadre. A diferencia de los anteriores paraderos en este habían inspectores municipales. Al llegar al paradero en lugar hacer subir a las personas que esperaban en la cola conductor llamó con un gesto a uno de los inspectores, indicándole que se acercara al lado de su ventana. Al conversar con el inspector, el chofer le indicó lo mismo que a mí: ya no tenía boletos, y debido a esto necesitaba contactar a la central. El conductor y el inspector parecen tratar de llamar a un número con el celular del inspector pero sin mayor éxito. Luego de esto, el inspector se alejó para fotografiar la parte delantera del bus con el mismo celular y - al parecer - a enviar la foto mediante algún servicio de mensajería instantánea. El conductor volvió a tratar de conversar con el inspector pero este solo le hizo una señal para que moviera. El bus avanzó sin recoger a ninguno de los pasajeros que estaban en la cola del paradero - quienes estaban visiblemente disgustados.

El conductor siguió avanzando hasta el paradero de Masías - previamente trató de detenerse en el paradero de Petit Thouars pero los inspectores del paradero le hicieron una señal para que avanzara -, en el cual también habían inspectores municipales. De la misma manera a la parada anterior, el conductor no abre la puerta y llama a uno de los inspectores y le comunica que no tiene boletos, pero además le indica que ha estado tratando de comunicarse con un número telefónico y que este no le responde, y que deberían llamarlo a su celular. El inspector le pregunta el número, el cual el conductor le proporciona. Al momento el conductor recibe una llamada. Lo primero que le dice a su interlocutor es que ha intentado llamar a todos los números que tiene anotados pero no le han contestado. Asímismo le cuenta lo mismo que ya ha informado en todas las oportunidades anteriores: se le han acabado los boletos. No obstante, ahora añade una información adicional: tiene boletos de medio pasaje - los que vi al momento de subir al bus - y quiere vender esos. El interlocutor le pregunta por un número de padrón y el conductor revisa un papel con apuntes que tiene al lado del dinero que cobra. En este momento, los pasajeros del bus - quienes ya llevan varios minutos detenidos si contamos ambas paradas que ha hecho el chofer - protestan y le piden al conductor que avance. En medio de las protestas, el conductor responde el número de padrón que le solicitan y le plantea a su interlocutor que en este paradero suban solo quienes "ya están boleteados" - aquellos que compran su boleto mientras esperan en la cola - y que más adelante pueda vender los boletos de medio pasaje que tiene. Mientras escucha la respuesta de su interlocutor, los pasajeros del bus siguen protestando - el reclamo general parece ser "para qué para si no tiene boletos". Después de escuchar la respuesta, el conductor le agradece a su interlocutor y le pide disculpas. Luego de esto recién abre la puerta a quienes esperaban en la cola y les vende los boletos de medio pasaje como si fueran boletos regulares. 

***

¿Por qué escribí esto? Esta no es una historia que pretende dejar una reflexión sobre la formalidad/informalidad del transporte público o sobre la civilidad/incivilidad de los usuarios. En tanto es solo una experiencia anecdótica no creo que contenga una explicación sobre problemas complejos. No obstante, creo que sirve como ejemplo para ilustrar sobre la importancia de objetos que pasan desapercibidos y la adopción de prácticas no formales en la provisión de servicios públicos.

A diferencia de los micros y combis, los buses de los corredores están obligados a entregar boletos debido a la información inscrita en estos y el uso que se le da a esta. Si bien supuestamente los boletos que entregan los micros y combis también contienen un número de serie, la discrecionalidad con la que estos se entregan demuestra que esta información no es importante para sus operaciones, las cuales son vistas más como un negocio que como un servicio propiamente dicho. En contraste, los boletos de los corredores - los cuales contienen un número de serie y la fecha de entrega - son vitales en tanto se trata de un servicio público -  en este caso, proporcionado por un concesionario - el cual debe llevar y rendir cuentas. Si bien los boletos le permiten al servicio rastrear sus operaciones a través del tiempo y espacio, también es cierto que restringe la flexbilidad con la que los trabajadores pueden operar.

Esto nos lleva al siguiente punto que quería tocar: la adopción de prácticas no formales de los trabajadores públicos. En un contexto diferente probablemente el chofer sí hubiera podido dejar de hacer subir pasajeros hasta el fin de su ruta una vez que se le terminaron los boletos regulares. No obstante, en ese momento - un día de semana, en un horario en el que muchas personas suelen salir de trabajar - la demanda del servicio lo hizo buscar una solución a la falta de boletos. Si bien es cierto que posiblemente un set de reglas establecidas ayude a mejorar la eficiencia de un servicio, también es cierto que en el mismo trato con la población los trabajadores públicos se encuentren con situaciones imprevistas frecuentemente. Es precisamente en estas situaciones en las que las prácticas y canales de comunicación no formales son vitales para buscar salidas. Contactar a un superior para solicitar la aprobación de una solución improvisada a través de una llamada o un servicio de mensajería instantánea puede ser la diferencia entre proveer o dejar de proveer un servicio vital para la población. Muchas veces lo peor que puede pasar con un servicio público no es que se brinde de manera deficiente, sino dejar de brindarlo del todo.

En medio de tantas promesas de innovación en el Estado y servicios públicos - las cuales  frecuentemente son irrealizables o tienen alcances muy limitados - es fácil olvidar que posiblemente el primer paso para mejorar los servicios públicos existentes debería ser observar mediante qué prácticas estos logran funcionar en contextos adversos y precarios, en lugar de simplemente señalar su ineficiencia y/o informalidad y descartarlas desde el comienzo.

Nunca pierden

Esto es una breve continuación del post “Capos”.

¿Qué sucede cuando un capo falla en el Estado? Creo que suelen haber dos tipos de reacciones. La primera es el blindaje. A pesar de realizar acciones irrelevantes o, de plano, malas, el capital social con el que cuentan los capos les permite presentar su labor como un legado positivo (posiblemente como una “buena práctica”, en la jerga de la gestión pública neoliberal). En este punto no importa tanto que todos o siquiera que la mayoría del público enterado sobre su labor crean esto, sino que entidades o actores claves lo crean (o al menos aparenten hacerlo, debido a que se tratan de agentes con los cuales son ideológicamente afines o que favorecen sus intereses), algo que les permitirá recalar en su siguiente puesto, continuando con su calidad de capos (y posiblemente regresando a trabajar con o para el Estado más adelante).

El segundo tipo de reacción es la delegación de la culpa. Si es que se reconoce que las acciones desarrolladas no fueron exitosas, la culpa no es propia, sino del Estado. Los capos eran demasiado buenos para el Estado y sus burócratas. El Estado no habla el mismo idioma que el capo, y tampoco sigue el ritmo que el capo desea. Bajo esta lógica, no es el capo el cual se tiene que acomodar al Estado, sino al revés. Esta reacción le permite al capo desmarcarse de la culpa basándose en los clásicos prejuicios sobre la ineficiencia estatal, al mismo tiempo que los actualiza.

¿Qué es necesario para que un capo conozca la derrota, al menos temporalmente? Más que un desastre, posiblemente un escándalo.

Ideas desordenadas sobre el Censo 2017

I.

En el periodo previo a la realización del censo, el debate mediático estuvo copado por las ansiedades de liberales y conservadores. Por un lado, existían reclamos respecto a la orden de inmovilidad durante el día del censo, debido a que se había anunciado que la policía podía detener a las personas por no acatarlo. Por otro lado, existían sectores preocupados por el respeto a su afiliación religiosa. Más allá de la coherencia (¿por qué los liberales no expresan la misma preocupación por la libertad de tránsito cuando se declara estado de emergencia en zonas de protestas?) o la razonabilidad (¿por qué un gobierno débil de derecha desearía enfrentarse a la mayoría religiosa del país?) de estas preocupaciones, el hecho de que estos temas ocuparan parte importante del debate mediático demuestra que estos temas coyunturales son utilizados para demostrar identidades políticas. Es decir, en lugar de discutirse sobre cómo la acción estatal será implementada en toda su complejidad, se utilizan aspectos o detalles específicos de su realización para marcar una posición en el escenario político y frente a seguidores y adeptos.

II.

La pregunta de identificación étnica, la cual también ocupó parte importante de la discusión mediática, merece una discusión aparte. Mientras que para algunos la inclusión de esta pregunta era problemática debido a que, argumentaban, una identificación precisa de la etnicidad de los peruanos es imposible, otros afirmaban que una pregunta como esta ayudaría a darle mayor importancia a minorías étnicas en el diseño de políticas públicas. El argumento de esta última posición era que en el proceso de elaboración de esta pregunta habían participado organizaciones representativas de estas minorías, proceso que sustentaba su inclusión. Sin embargo, creo que esta defensa se queda corta. La existencia de un proceso participativo no garantiza que el resultado sea óptimo. Por ejemplo, la falta de una opción predeterminada para personas con ascendencia japonesa o china, comunidades importantes en el país, me parece una omisión notable. Una observación más detallada de esa defensa hubiera preguntado por cuestiones como, por ejemplo, cuáles fueron los criterios de participación y proceso de invitación de las organizaciones, o qué sucedió entre las decisiones tomadas en las reuniones y la formulación final de la pregunta tal cual apareció en la cartilla. Lamentablemente, la discusión no fue en esta dirección.

III.

El mismo día del censo la atención se concentró en un tipo objeto en particular: los stickers que se pegaban en las viviendas censadas. Al observar que los stickers contenían el logo de una universidad con fines de lucro - la Universidad César Vallejo (UCV) - algunas personas buscaron el documento que permitía tal acción. Esta búsqueda no solo dio con el documento del acuerdo entre la entidad ejecutora del censo - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - y la UCV, sino que también se encontraron una multiplicidad de documentos que confirmaban acuerdos con otros privados que también colocaron nombres o logos en distintos objetos además de los stickers, como polos y gorras. La revisión de estos documentos permitió observar que no existía claridad en los términos del acuerdo relacionados a la información que el INEI compartiría con los privados. Mientras algunos confiaban en el imperio de la ley que protege la información personal, otros exigían que una pronta aclaración por parte del INEI. Las preguntas que caben hacerse acá - más allá del anuncio posterior de la misma PCM sobre el respeto de los datos - son: ¿a quién beneficia que la poca precisión en un acuerdo entre el Estado y un privado? Y ¿qué sucede con aquellos que no disponen de la suficiente expertise legal como para conocer que existen normas que protegen sus datos? ¿Solo les queda la incertidumbre?

Por otro lado, dar cuenta de esta red de documentos permite seguir el rastro de decisiones que involucran a otros actores estatales: ¿por qué el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó un presupuesto que llevó al INEI a buscar acuerdos con privados para tener recursos materiales? ¿Por qué no se dio un presupuesto suficiente como para contratar empadronadores experimentados en lugar de solicitar voluntarios? Son estas decisiones técnico-políticas que usualmente tienen poca visibilidad - las cuales también están inscritas en documentos de nivel ministerial - las que terminan por afectar la ejecución de acciones estatales a nivel micro.

IV.

Entender al Estado como una red de actores humanos y no humanos permite seguir el rastro de material de sus acciones. No hacer esto muchas veces impide aprehender situaciones en su complejidad total. El Estado y sus acciones son, como diría Latour, simultáneamente reales, narradas  y colectivas. No obstante, lo que suele suceder en el debate mediático es una concentración en los aspectos discursivos y sociales, mientras que la atención sobre los recursos materiales necesarios para la ejecución de estas acciones queda relegada, con poca visibilidad, solo en las manos de los técnicos.

Capos

En contextos de socialización de sectores limeños de clase media alta y alta es común escuchar la frase "conozco a alguien bien capo" cada vez que se pide una recomendación para algún servicio o información. Estos "capos" recomendados suelen ser personas en los círculos de amistades o conocidos pertenecientes a esta misma clase, por lo que tienen recursos económicos que les permiten acceder a una educación con un costo prohibitivo para clases con menores recursos, como un pregrado en universidades privadas nacionales y un posgrado en universidades internacionales. Esta educación les permite posteriormente acceder puestos de trabajos con prestigio en el sector privado ya sea a entidades multilaterales o corporaciones. Asimismo, también es común que la persona que recomienda a un "capo" a su vez sea un "capo" en otro ámbito profesional y que sea recomendado por quien él mismo recomendó en alguna otra ocasión. Es así como se forma un circuito de recomendaciones que les permiten acceder a los servicios de quienes, en teoría, son los profesionales mejor preparados del país.

¿Cuál es el problema con los "capos" o, mejor dicho, con la lógica de los "capos"? ¿Acaso no cualquiera quisiera contar con los mejores? Por supuesto. No obstante, uno podría criticar que esta lógica reproduce desigualdades debido a que quienes no tiene el capital social para acceder a este circuito de recomendaciones no pueden obtener estos mejores servicios o no pueden ser recomendados. Otra crítica que uno podría hacer es que esto enturbia la narrativa de la meritocracia del sector privado. Sin embargo, estos temas no me interesa tratarlos en este momento. Lo que me interesa ahora es resaltar qué es lo que sucede cuando esta la lógica de los "capos" ingresa al Estado.

En teoría las designaciones y contrataciones del Estado deberían mantener los principios de competitividad y transparencia, en tanto se trata de presupuesto público. Omitiendo al personal de confianza, en donde las autoridades pueden designar a personas en las cuales confíen, el Estado tendría que designar o contratar a los mejores de manera transparente, en base a las competencias relevantes para los puestos en cuestión. En el Estado no debería haber espacio para recomendantes y recomendados. No obstante, como se sabe, esto no es así. Por el contrario, el Estado está repleto de estas prácticas en todos los niveles. Entre estas prácticas está la lógica de los "capos": en altos puestos o en contrataciones por montos considerables, personas de clase media alta y alta designan o contratan a quienes ellos consideran "capos", sin importar si la designación o contratación es poco ética o si el proceso es amañado. Para ellos lo importante es contar con la persona que consideran más "capa".

La justificación de esta práctica en el Estado suele ser un argumento perverso: si no amaño u obvio las faltas éticas que implica esta contratación o designación no podré contar con el mejor (el mejor según las recomendaciones o experiencias previas que he tenido, claro está), por lo tanto mi amañamiento o falta ética está justificada, a diferencia de las faltas en niveles inferiores del Estado, en donde también amañan o comenten faltan éticas, pero lo hacen para contratar a personas ineficientes (ineficientes según la percepción o idea que tengo de ellas, claro está). El punto no es señalar que en los niveles inferiores estas faltas también podrían estar justificadas, por el contrario, las contrataciones o designaciones arregladas también ocurren en el nivel subnacional, y posiblemente sean mucho más notorias porque se trata de un nivel de gobierno que se encuentra en mayor contacto con la población. El punto es señalar cómo es que la posición social de distintos actores que entran al Estado permite establecer distinciones discursivas entre prácticas que realmente son similares.

"¿Pero acaso no quieres que el Estado cuente con las personas con mejor preparación?". Ciertamente no se puede negar que, gracias a su condición socioeconómica, estos "capos" sean posiblemente las personas con el mayor nivel educativo del país. Sin embargo, esto no debería eximirlos de cumplir los mismos requisitos de competitividad y transparencia que ellos le exigen al resto de niveles del Estado. Para ponerlo en una frase: ellos no juegan el juego que dicen jugar. Muy por el contrario, terminan aprovechando su posición de clase dominante para saltarse las reglas mientras, a través del aparato mediático al cual tienen acceso, acusan a otros de ocupar posiciones en el Estado de manera irregular. Esto finalmente reproduce desigualdades sociales dentro de la misma organización del Estado: cuando lo hace el alcalde en alguna municipalidad distrital del interior del país es malo, pero cuando lo hace tu amigo del ministerio con su conocido es porque está contratando al más "capo".

Sentir al Estado

"Yo si siento al Estado presente". Detengámonos un momento a pensar lo que implica sentir la presencia del Estado. En un primer nivel podríamos cuestionar qué es el Estado en si mismo. Para zanjar rápidamente esta enorme discusión teórica, quedémonos con la perspectiva que ve al Estado como un actor-red: el Estado "está constituido por una matriz de ideas y representaciones altamente compleja, agencias gubernamentales y burocráticas, territorio y habitantes" (Carroll, 2000; citado en Passoth y Rowland, 2010). Esta perspectiva pone atención a "las diversas y múltiples prácticas interconectadas que generan el tipo de 'estatalidad' que usualmente entendemos como las cualidades del Estado moderno" (Passoth y Rowland, 2010) en lugar de la acción del Estado como un ente unificado. En este sentido, "sentir" al Estado significaría sentir las consecuencias o efectos de estas prácticas ejecutadas por diversas agencias estatales, y los humanos y no-humanos que las componen. En concreto, en este nivel, un habitante siente al Estado presente en tanto recibe atención, servicios o bienes materiales de instituciones estatales a través de sus burócratas o trabajadores. 

En un segundo nivel, ¿cómo es que alguien que no experimenta la misma atención, servicios o bienes materiales (ya sea porque no se encuentra en la zona de atención o porque no se relaciona con la infraestructura estatal en cuestión) siente al Estado? Aquí es donde habría que tener en cuenta la posibilidad de una "presencia mediada". Si gran parte de las acciones de las prácticas de las diversas instituciones no son accesibles a través de la misma experiencia, sino conocidas a través de medios, entonces la presencia que uno puede decir "sentir" es una percepción formada a partir de la información que uno consume a través de los distintos medios a los que se expone. Es sobre todo en este nivel donde la concepción del actor "Estado" como un ente reificado cobra mayor fuerza. En este nivel debemos pensar cuáles son nuestros hábitos de consumo de medios, a qué medios solemos exponernos más y, dentro de estos, a qué tipo de discursos. Por ejemplo, ¿cómo es que alguien que consume en su mayoría radio y diarios populares "siente" al Estado? ¿Es distinta a la presencia del Estado que "siente" un heavy user de social media? Esta última pregunta es importante debido a que se tratan de medios y hábitos de consumo relativamente recientes. ¿Cómo comparamos la "sensación" de presencia del Estado de ahora con la de hace dos décadas si es que existe una intensificación del consumo de información?

En un tercer nivel, habría que introducir la noción de distancia sociocognitiva (Van Dijk, 1997). La cognición social puede definirse escuetamente como la manera en que nosotros construimos nuestro conocimiento de la realidad (Antaki y Condor, 2006 [1997]). La distancia sociocognitiva se refiere a la diferencia al evaluar a distintos grupos respecto a nosotros, como grupo social. Una representación más positiva de un grupo significa una menor distancia de ese grupo respecto a nosotros. En el caso del Estado debemos preguntarnos: ¿cuán cercano es el grupo encargado del gobierno respecto a nosotros? ¿Cambiaría nuestra sensación mediada de la presencia del Estado si es que el grupo que está en el gobierno fuera más distante de nosotros? Este nivel es el que posiblemente tiene mayor repercusión en la memoria de las personas. Es así como las acciones del Estado bajo un gobierno pueden ser recordadas como "sentidas" si es que fueron ejecutadas por un gobierno que percibíamos cercano a nosotros.

Estos dos últimos niveles no significan que la presencia estatal solo sea una cuestión mediación y percepción. Como mencioné al principio, se puede sentir la presencia del Estado de manera directa a través de las prácticas de distintas agencias gubernamentales. Asimismo, estas prácticas pueden ser corroborables o medibles a través de distintos indicadores. Por ejemplo, es casi un sentido común hablar de la presencia del Estado a partir de la ejecución de presupuesto de inversión (a pesar de que probablemente no sea el mejor indicador para este propósito).



Referencias

Antaki, C., y Condor, S. (2006 [1997]). Cognición Social y Discurso. En Van Dijk, T.A. (Comp.), El discurso como estructura y proceso (3ª reimpresión) (pp. 453-489). Barcelona: Gedisa

Carroll, P. (2000) Colonial Discipline. Dublin: Four Courts Press.

Passoth, J. y Rowland, N. (2010). Actor-Network State: Integrating Actor-Network Theory and State Theory. En International Sociology, November 2010,Vol. 25(6): 818-841

Van Dijk, T.A. (1997). Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona: Paidós.

Precisión y velocidad en las tecnologías estatales

Uno de los problemas de la Reforma del Estado es creer que todo se mejora simplificándolo. El problema con simplificar tecnologías estatales es que pueden llevar a la estandarización y automatización excesiva, perdiendo la capacidad de aprehender la complejidad de los contextos específicos donde van a ser aplicadas. La tragedia de la simplificación es la perdida de precisión con la cual debe ser aplicada la tecnología.

Quienes propugnan la simplificación por sobre todo, por lo general, toman un problema de precisión como si fuera un problema de velocidad. Para ellos, si los resultados de la aplicación de cierta tecnología no se realizan en el tiempo esperado se debe a que no fueron aplicados lo suficientemente rápido, lo cual a su vez se puede deber a la incapacidad de quien aplica la tecnología (algo que se arregla, obviamente, capacitando) o a trabas en el camino de quien la aplica (algo que se arregla, obviamente, destrabando). Esta forma de pensar deja de lado la posibilidad, o reduce el peso, de que la causa por la cual la aplicación de la tecnología no se realizó en el tiempo esperado se debe a que esta no contaba con la suficiente precisión como para ser aplicada en un contexto específico.

Tratar problemas de precisión como problemas de velocidad puede traer consigo consecuencias inesperadas. Se puede tener rapidez en la aplicación de la tecnología pero con tal grado de imprecisión que su ejecución resulta totalmente inútil por lo que debe ser corregida y tome más tiempo (algo que puede reforzar aún más la tendencia a seguir simplificando). Esto no quiere decir que el Estado debe tratar de lidiar con la complejidad de cada contexto particular. Esto es claramente imposible debido a que no es escalable. La simplificación de la complejidad es necesaria para representar y actuar sobre ella. No obstante, tal vez en lugar de hablar de la simplificar la complejidad, como la supresión de operaciones en procesos, deberíamos hablar de complicar la complejidad, es decir, en ordenarla en sucesiones de operaciones simples que tienden a la especificidad.

Tecnologías estatales

¿De qué se habla cuando en el discurso público se habla del uso de la tecnología en el Estado? Creo que se suele hablar de dos áreas. Una primera área es el uso de la tecnología en los servicios que ofrece el Estado para la población, como salud y educación. Por ejemplo, qué tan bien equipado está un centro de salud o cómo se usan ciertos equipos en el aula. Una segunda área es el uso de tecnología en hacer el Estado "transparente" para los ciudadanos (sobre la distinción entre población y ciudadanos, ver aquí). Por ejemplo, cuántos datos publica una institución pública o cuán accesibles son sus datos. En términos generales creo que podríamos agrupar a estas dos áreas en discusiones sobre tecnología que "afecta directamente" a la población. En otras palabras, se trata de discusiones sobre tecnologías cuyos efectos son claramente visibles e intuitivamente relacionables con la tecnología que los produce. Estas dos características combinadas, efectos fácilmente identificables (1) sobre/para la población/ciudadanía (2), hacen que resulte lógico que ocupen mayor atención en la discusión pública, después de todo es de lo que suelen ocuparse los medios.

Por otro lado, creo que existen otras tecnologías estatales que reciben poca atención en la discusión pública: tecnologías que "afectan indirectamente" a la población. Por ejemplo, softwares que aplican algoritmos de clasificación socioeconómica para la ejecución de programas sociales o sistemas de asistencia técnica virtual para gobiernos subnacionales. Aquí es donde la característica de directa o indirectamente debe ser tomada con cuidado. Por ejemplo, los softwares de clasificación socioeconómica repercuten de gran manera en la ejecución de programas sociales ya que de ellos depende si las poblaciones más vulnerables pueden obtener o no los beneficios de los programas sociales. O en el caso de sistemas de asistencia técnica virtual, de estos depende que un proyecto de inversión pública (carreteras, escuelas, etc.) puedan ejecutarse correctamente. No obstante, sus efectos no son fácilmente relacionables a su origen, es más, lo más probable es que los artefactos y los procesos en los que se emplean no sean conocidos en lo absoluto o que sean solamente discutidos en comunidades de expertos. Como señala Bijker, son precisamente estas tecnologías “menos visibles” las que tienen efectos más penetrantes en las vidas de los individuos, especialmente, de los sectores poblacionales más vulnerables por lo que es importante deliberar al respecto.

Sin embargo, la solución a esto no es simplemente la discusión pública o mediática sobre estas tecnologías, donde intervengan la llamada sociedad civil. El grado de conocimiento especializado que requieren algunos de los elementos de estos ensamblajes sociotécnicos que llevan a cabo los procesos estatales es tal que un “ciudadano de a pie” no podría, ni tendría que, participar de manera significativa en la deliberación. Lo que si considero necesario es una mayor pluralidad entre las voces de los distintos actores involucrados en los mismos ensamblajes, por ejemplo, los burócratas subnacionales, que son quienes trabajan directamente con estas tecnologías.

Racionalidad y semiosis estatal

Como he sostenido anteriormente (ver aquí), creo que la manera más adecuada de abordar al Estado es entenderlo como una entidad no-humana. La no-humanidad del Estado se puede notar principalmente en su relación con la información: el Estado solo percibe y procesa información inscrita materialmente (documentos físicos o virtuales). Solo a partir de esta información el Estado puede tomar decisiones y realizar acciones. Es decir, el accionar del Estado está condicionado al desarrollo de sus aparatos perceptivos. Aparatos perceptivos diseñados desde una lógica de administración económica de la población captan algunos datos y dejan de lado otros. Asimismo, el proceso de información se realiza en una temporalidad no-humana, sino propia de su estatalidad.

Creo que todo este proceso descrito podría ser resumido con una palabra: semiosis. Es así como el Estado produce significado de lo que existe o acontece. Por ejemplo: ¿cómo es que el Estado sabe qué un individuo es pobre? El Estado "percibe" la pobreza de un individuo mediante el recojo de la información que le permite sus aparatos perceptivos (p.e. padrones, fichas, formularios). Estos aparatos recogen datos específicos (p.e. material del piso de la vivienda o nivel educativo de los jefes del hogar) a través de los cuales el Estado determinará la pobreza o no pobreza del individuo. Es decir, estos datos finalmente son los que para el Estado significa ser pobre.

Aquí es donde viene el problema: los individuos no tienen la misma racionalidad que el Estado, no conducen su vida diaria a partir de una lógica de administración económica de la población. Esta diferencia que puede parecer obvia es clave para entender las desavenencias entre los individuos que conforman la población administrada por el Estado y el propio Estado. Regresando al ejemplo planteado anteriormente, para un individuo el material del piso de su vivienda o nivel educativo de las jefes del hogar puede significar nada y, más bien, cuestiones como sus relaciones sociales o su apariencia pueden significar, para él o ella, ser pobre (p.e. "si todos mis conocidos son pobres y acceden a determinados programas sociales, ¿por qué yo no?" o "¿acaso no ve que soy pobre?").

El punto de esto no es afirmar la inconmensurabilidad de distintos tipos de racionalidad (humana y estatal). Finalmente, el Estado es un ensamblaje de distintos elementos, entre ellos, humanos. El punto es hacer notar cómo es que racionalidades complicadas y distintas son formadas a partir de la interacción de distintos actantes, tanto humanos como no-humanos, y así evitar caer en el error de abordar problemas del Estado como si fueran problemas de o entre individuos. El Estado debe ser abordado a partir de su estatalidad.

Ciudadanos, pobladores, clientes, usuarios

De acuerdo a Chatterjee (2007), lo que distingue a las categorías de población y ciudadanía es la carga ética y normativa de la segunda. Un ciudadano debe participar de las decisiones de gobierno por medio de canales formales e institucionales, para lo cual, se asume, debe estar informado y educado. Es el sujeto ideal de una democracia liberal, quien forma parte de la sociedad civil. Por otro lado, la población no es categoría ética, sino una categoría de gobierno. La población es sobre la cual se aplican políticas públicas, no quienes participan del gobierno formal e institucionalmente.

Si es que uno se quedara en este primer nivel de distinción probablemente tenga la impresión de la existencia de dos grupos: individuos activos, los ciudadanos, y otros pasivos, los pobladores. Sin embargo, hay que hacer dos observaciones. Primero, los pobladores (los “no ciudadanos”) participan de acciones de gobierno mediante mecanismos que, desde una perspectiva normativa, son calificados como informales, por fuera de canales institucionales tradicionales (Chatterjee coloca de ejemplo negociaciones individuales para la expropiación de terrenos en lugar de aplicar un procedimiento de tasación a precios de mercado). La diferencia no es que unos sean activos y los otros no, sino que son activos mediante mecanismos distintos.

Segundo, y más importante, realmente todos somos pobladores, o para ser más precisos, todos somos población. El hecho de que la categoría de población se refiera al conjunto de sujetos dentro de un territorio sobre los cuales el Estado efectivamente aplica determinadas acciones la convierte en una categoría actual, una categoría que “es” y que “se hace”. En cambio, la categoría de ciudadanía es virtual, está “por ser” constantemente. Siempre debe estar reclamándose y otorgándose en el plano discursivo. Que un sujeto pueda entrar en la categoría de ciudadanía depende de su posición social, así como de los recursos simbólicos y materiales de los que dispone (para poner dos ejemplos fáciles: en el caso de conservadores, ¿quiénes logran ser considerados “ciudadanos ilustres”? Y en el caso de los progresistas, ¿quiénes logran ser considerados “miembros de la sociedad civil”?). Una vez que uno “está siendo” ciudadano puede acceder a determinados beneficios.

No obstante, existen dos discursos que se quedan en el primer nivel de distinción que vimos al principio. Primero está el discurso conservador utilizado por medios de derecha. En este discurso la distinción entre población y ciudadanos es una estrategia implícita: se utiliza la categoría poblador para referirse a sectores que deben someterse a un orden, ya sea porque son objeto de una acción de gobierno (p.e. “pobladores reciben beneficio de programa social”) o porque se rehúsan a serlo (p.e. “pobladores rechazan proyectos extractivos”). Por otro lado, se reserva la categoría ciudadano para sectores que se suponen involucrados en decisiones de gobierno o que al menos deberían estarlo (p.e. “ciudadanía hará sentir su voz en las urnas”).

En segundo lugar, está el discurso progresista que responde al discurso conservador. Aquí la estrategia es explícita. Este discurso reclama que los pobladores también son (y/o sean tratados como) ciudadanos; no obstante, al hacer este reclamo aceptan la diferenciación entre ciudadanía y población planteada por el discurso conservador (p.e. “no son pobladores, son ciudadanos, también tienen derechos”). Lo problemático de este discurso es que acepta las definiciones de las categorías tal y como son planteadas por el discurso conservador al que se oponen: los pobladores son pasivos/reactivos, mientras que los ciudadanos son los sujetos que se encuentran en una categoría ética superior. Esto tiene como consecuencia el mantenimiento de la división entre sectores que supuestamente se oponen a los conservadores dominantes (clases populares y élites progresistas), lo cual finalmente posibilita que se mantenga el orden actual.

***

In a world of automation companies will increasingly talk of 'user experience' over 'customer experience', because it assumes 'self-service'

— Brett Scott (@Suitpossum) January 14, 2016

El neoliberalismo ha cambiado la lógica de cómo es que alguien es incluido en el sistema imperante. Si anteriormente uno era incluido a través de la aplicación de acciones del Estado (lógica de la categoría de población) o a través de la participación en decisiones de gobierno (lógica de la categoría de ciudadanía), en la actualidad, en el contexto del (auto)debilitamiento del Estado, uno es incluido en el sistema a través del consumo, es decir, a partir de la relación cliente-empresa en lugar de la relación poblador/ciudadano-Estado.

Con esto no digo nada nuevo, pero quisiera llamar la atención sobre algo que está ocurriendo. La automatización de los procesos ha resultado en la transferencia de carga de trabajo en el cliente, a quien progresivamente se hace referencia como usuario. La categoría de usuario tiene una carga semántica distinta a la de cliente: un cliente es atendido, un usuario, valga la redundancia, simplemente usa. En una relación de cliente-empresa uno, en tanto cliente, puede esperar la atención por parte de personal de la empresa. En cambio, si uno es considerado usuario, la relación se vuelve más impersonal y no se da tanto con integrantes de la empresa, sino con sistemas operativos a través de interfaces.

Si bien no de la misma manera, observo una tendencia similar en la relación poblador/ciudadano-Estado. Procesos como el empadronamiento por demanda del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) trasladan carga de trabajo al poblador/ciudadano, ahora llamado usuario, en este caso de programas sociales. (Resumiendo y simplificando el proceso: en caso un poblador/ciudadano requiera ser clasificado o reclasificado socioeconómicamente para acceder a los beneficios de un programa social, es él mismo quien debe acercarse a la municipalidad para ser clasificado o reclasificado, en algunas ocasiones llegando a tener que movilizarse hasta la capital para ser clasificado o reclasificado de manera tal que puedan acceder a un programa social).

Si bien es cierto que hay contextos en los que trasladar carga de trabajo al poblador/ciudadano es comprensible teniendo en cuenta la capacidad estatal y los recursos de los individuos, por otro lado, cabe detenerse a considerar hasta qué punto el traslado de carga de trabajo del Estado a individuos es conveniente para precisamente cumplir funciones estatales (p.e. no es lo mismo trasladar carga de trabajo de un sistema de registro de tributación electrónica a usuarios de grandes ciudades que trasladar carga de trabajo de un sistema de clasificación socioeconómica a usuarios rurales en situación de pobreza). Después de todo, ¿quién no quiere ser parte de una población bien administrada?

Especulación: No-Estado

Hace unos días me topé con dos vídeos en Outside in:

Los cuales se relacionan con algo que he estado pensando recientemente: ¿existe realmente la posibilidad de que no exista Estado? Que el Estado esté supeditado a intereses del capital ya es una realidad. Sin embargo, ¿cabe la posibilidad de que el Estado sea reemplazado por una corporación? Ciertamente esto es algo que los neoliberales locales no promueven (al menos no abiertamente), para ellos el Estado debe proporcionar las condiciones para la existencia del libre mercado, encargándose de lo que el mercado no hace, un ámbito cada vez más pequeño. Actualmente modalidades como las obras por impuestos y las asociaciones público-privadas hacen que el límite entre las competencias del Estado y el poder del capital privado sea cada vez más difuso. A nivel internacional, funciones tradicionalmente asignadas al Estado, como uso de la fuerza, ya son ejecutadas por entidades privadas (o funcionan como si lo fueran). En su versión más reducida, probablemente el Estado solo estaría encargado de crear leyes y vigilar su cumplimiento.

Rise of the Private Military https://t.co/bvLSGWIY47 @Outsideness
— Bryce Laliberte (@AnarchoPapist) August 3, 2014

Hace unas semanas leí un par de artículos sobre el legado de Karl Polanyi. El punto central de los artículos es que no puede existir un escenario en el cual no exista Estado. La idea de un mercado que no necesite Estado es utópica. Incluso el libre mercado necesita regulación del Estado, así esta signifique que el Estado recorte de sus propias capacidades: el Estado debe crear el marco legal que permite el libre mercado. A partir de esto, para Polanyi, la pregunta que nos deberíamos hacer no es si debe haber regulación o no, sino qué tipo de regulación debemos tener.
Incluso suponiendo un escenario en el que las corporaciones puedan ofrecer todas las obligaciones estatales en forma de servicios pagados, para hacer esto necesitarían una marco normativo que codifique la manera de hacerlo: un código común a través del cual tanto corporaciones como individuos puedan establecer relaciones comerciales.
Pongamos un ejemplo más concreto: tomemos el caso de los llamados "fondos buitres" que compran la deuda devaluada de países en crisis para luego pretender cobrarla en su totalidad. Incluso estas entidades privadas que se alojan en paraísos fiscales necesitan del marco normativo de un Estado para hacer efectivo el cobro de la deuda. Y, en algunos casos, un Estado puede decidir restringir este tipo de prácticas dentro de su jurisdicción.

Ejemplos como estos nos ayudan a entender porque Polanyi considera utópica la idea de un libre mercado total: una entidad privada no puede actuar "por fuera" de la soberanía de un Estado. Esto es claro incluso para las mismas grandes corporaciones, quienes en la práctica no actúan "por fuera" del Estado, sino a través de este, en lo que algunos llaman la "captura del Estado" (un ejemplo de esto: el Estado utilizando la fuerza para aprobar un proyecto de la gran minería). Probablemente sea por esto que Polanyi considera que la discusión de un mercado sin Estado en realidad es una estrategia para distraer la atención de todas los beneficios que el Estado le otorga al capital.
Imaginemos un ejemplo incluso más extremo: ¿qué pasaría si suspendieramos las leyes en favor de un sistema donde se pueden establecer contratos peer-to-peer (p2p) que se almacenan y ejecutan a través de tecnologia de blockchains? Algo similar a Ethereum (algo que también he tratado en otro post). En este caso, ¿necesitaríamos Estado? Creo que, al menos que una de las partes del contrato tenga la fuerza suficiente para hacer cumplir su compromiso a la otra, no hay ningún impedimento para que alguien arranque su computadora de la red, como diría Richard Stallman. Incluso suponiendo que una de las partes tuviera tal fuerza, ¿hasta que punto podría usarla? ¿Esto tendría que estar regulado por algún código marco para todos los contratos? Si el uso de la fuerza no tiene limite y una gran corporación pudiera coaccionar a otros actores menores con total discreción, cabría preguntarse ¿estaríamos realmente en un "libre mercado"?

Los medios y lo estatal

-Usted cree en el poder de los medios? -Nah -Y qué opina de la gestión pública? -Bueno, yo creo que *repite todo lo que sale en los medios*
— Diego Cerna (@da_cerna) October 14, 2013

Empecemos con la siguiente premisa: a los "liberales peruanos" no les gusta el Estado. Para ellos, el Estado debe ser lo más pequeño posible y dedicarse a "lo que debe hacer el Estado" aunque probablemente ni eso pueda hacer bien. Ahora contextualicemos esta premisa: estamos en un país con una alta concentración mediática, donde un grupo empresarial tiene un peso desproporcionado y ¡oh casualidad! tienen una inclinación "liberal".

¿Por qué parto de esta premisa y contexto? Si uno revisa la reciente cobertura mediática de Perú 21 y El Comercio uno se puede percatar del alto contenido crítico contra el Estado (ver las noticias sobre programas sociales en Perú 21 o EC). Si bien es cierto que esto no es novedad (recordar el caso de La Pampilla), lo que si creo apreciar es una agudización (luego del ingreso de Fritz Dubois a El Comercio, tan solo vean las editoriales de los últimos meses).

Alguno seguramente pensará: "bueno, no dices nada nuevo, además cada medio tiene derecho a tener su línea. Por ultimo ahora hay medios alternativos como internet". Bueno, pues, no. Los medios masivos (sobre todo como los del peso del grupo EC) generan marcos interpretativos sobre determinadas temáticas. Ojo, no digo que la gente se crea al pie de la letra lo que dicen los medios (por favor, esas personas que aún siguen refutando y/o peleándose con la "teoría hipodérmica" deberían darse cuenta que estamos en el año 2013) pero si crea ciertos sentidos comunes, especialmente en temas poco "polémicos" (es más probable que en temas como racismo, homofobia, etc. el lector cuestione líneas informativas de medios).

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Hace unos meses Levi Bryant, filósofo dedicado a la Ontología Orientada a los Objetos, escribió un post sobre las mentes aliens: básicamente su punto es que nosotros ya nos encontramos diariamente con "inteligencia no-humana": las instituciones. Estas funcionan en sus propios ciclos y tienen sus propios aparatos perceptores. Más adelante el mismo Bryant escribió otro post en el que habla sobre la visión de los académicos de humanidades sobre el mundo: según Bryant, estos académicos tienden a ver la "realidad" en forma de discursos y textos debido a 2 motivos. Primero, ellos trabajan con textos y discursos todo el tiempo, por lo que resulta lógico que cualquier tema al cual se enfrenten lo abordaran bajo ese esquema. En segundo lugar, y este me parece el motivo más interesante, estos académicos se sienten gratificados al momento de entender algún tema de esta manera debido a que es una forma de aproximación a un objeto de estudio sobre la cual ellos tienen una expertise.

Ahora probablemente se pregunte "¿qué tiene que ver la Ontología Orientada a los Objetos y la critica a las humanidades con El Comercio y lo estatal?". El punto que quiero hacer es el siguiente: al igual que los académicos de humanidades (según Bryant) abordan un tema de acuerdo sus esquemas, creo que los "liberales peruanos" hacen lo mismo: ellos abordan temas de gestión pública y asuntos del Estado bajo los mismos esquemas que abordan temas de empresas, negocios, emprendimientos, en resumen, bajo una lógica del Mercado (si, con mayúscula). Esto no se debe solo a que es la manera en que tratan los temas en su campo profesional, sino a que también se sienten gratificados al construirse la figura del "experto" o "técnico", alguien con una voz autorizada en el tema. Obviamente esta figura no la construye el sujeto solo, sino que lo hace en su relación con el medio: el medio valida su línea informativa con la opinión del "experto", así como el "experto" se reafirma como tal en tanto se le da un espacio para emitir su opinión "informada y técnica".

De esta manera se construye un marco interpretativo en el que la lógica de lo público y lo estatal no se llega a comprender: sus ciclos de funcionamiento y velocidades de percepción. Creo que se da precisamente lo que dice Bryant: la inteligencia no-humana (en este caso la inteligencia "no-liberal" o "no-de-mercado") no es comprendida por la humana (en este caso la “liberal” o “de mercado”).

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¿Por qué es importante esto y por qué me interesa? Me preocupa que este paradigma del "liberalismo peruano" sea cada vez más totalizante. Por ejemplo (y para no hablar de casos extremos como la propuesta de la privatización de la administración policial), cada vez que un medio habla sobre la eficiencia de una municipalidad provincial o distrital del interior de país siempre se habla de un porcentaje de gasto, simplificando exageradamente cuestiones como los mecanismos de control del gobierno central, relaciones de poder entre las autoridades y la burocracia local, el acceso a la información, la heterogeneidad de los contextos de las municipalidades, la estandarización de la normativa, el mercado laboral de profesionales en gestión municipal, etc. No, nada de eso importa a la hora de analizar el desempeño de estos gobiernos locales, lo importante es un porcentaje sobre el cual un experto elabora una explicación corta que sustenta la línea informativa del medio.

Antes de que alguien diga "hey, pero estás haciendo lo que dice Bryant al ver todo como un discurso". No. No dudo que algunos (énfasis importante) de los expertos hayan realizado investigaciones serias sobre, por ejemplo, la gestión pública municipal; sin embargo, el encuadre que se le da a su conocimiento en los medios es sesgado. No digo que sus estudios sean "neutrales" (sinceramente no creo haya alguien que piense eso), sino que finalmente sus declaraciones son apropiadas por quienes (por lo general abogados y periodistas) no poseen su nivel de conocimiento técnico y son repetidas sin mayor reflexión transformándose en lugares comunes en vez de ayudar a enriquecer el debate público. Finalmente tienes al "ciudadano de a pie" (ugh, odio usar este término) leyendo en casi todos los diarios que sus autoridades más cercanas (las locales) no funcionan para nada y a los mismos abogados y periodistas lamentándose por el bajo grado de confianza en las instituciones públicas.